Con viento de cola, el oficialismo va al recinto del Senado para tratar la reforma de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE
La sesión comenzará este jueves a las 11. También se buscará aprobar el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.
26/02/2026
Buenos Aires,
26 febrero (NA) – Con viento de cola, el oficialismo volverá este
jueves al recinto del Senado con el objetivo de aprobar la reforma a la Ley
de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el
Mercosur y la Unión Europea.
En la sesión, que comenzará a las 11, también está previsto
tratar el pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como
embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea, según pudo averiguar
la Agencia Noticias Argentinas.
El viernes a la misma hora, en tanto, se convocó a otra
sesión en la Cámara alta para tratar los proyectos de reforma laboral y
el régimen penal juvenil, ambos provenientes de Diputados.
Acuerdo Mercosur-UE
El acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea
iba a tratarse en la sesión del viernes de la Cámara alta, junto al régimen
penal juvenil y el proyecto de reforma laboral, pero el Gobierno ordenó
adelantar los tiempos.
La decisión de la Casa Rosada obedece al hecho de que el
Parlamento de Uruguay aceleró el proceso de ratificación del convenio comercial
y podría aprobarlo en las próximas horas.
El Gobierno de Javier Milei quiere ser el
primero en dar el visto bueno al tratado porque intuye que si se convierte en
el primer socio comercial podría acceder a ventajas y beneficios diferenciales
con respecto a otros países de la región que compiten por los mismos mercados
de bienes.
Los votos para aprobarlo están asegurados y se estima que el
interbloque peronista que conduce José Mayans votará dividido
como ocurrió la semana anterior en la Cámara de Diputados.
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
que se aprobó este martes en la Cámara de Diputados se firmó el 17 de enero
pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del
presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago
Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el
mandatario de Brasil, Lula da Silva.
El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos
birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento
Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por
parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida
sobre su puesta en vigencia.
Según sus promotores, la implementación del acuerdo
comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar
aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas, y recortar las
barreras de acceso para bienes industriales de Europea.
Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de
productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.
El acuerdo supone la creación de una zona de libre
comercio con un mercado de más de 700 millones de consumidores, que representa
el 20% del PBI mundial.
La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del
Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.
Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes
de Inversión Extranjera Directa, y es el segundo mayor importador
global de bienes.
Reforma a la Ley de Glaciares
El oficialismo va confiado a dar el debate en el recinto
sobre la reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la
Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, pero a última hora
el radicalismo puso sobre la mesa un proyecto alternativo de los senadores de
la UCR que no le da tanto poder a las provincias en la determinación de las
zonas protegidas.
Según supo la Agencia
Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias, las negociaciones
son intensas y buscan encaminar una solución para que no frustrar la aprobación
de la iniciativa (en la versión que sea) en la sesión de este jueves.
La aprobación de este proyecto es un compromiso
asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que
buscan una ley más dinámica y menos rígida que la que está vigente para
destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
En el peronismo, que mayoritariamente se inclinaría por el
rechazo, podría haber fugas ya que es incierta la postura que podrían tomar ex
gobernadores de provincias mineras como Lucía Corpacci (Catamarca)
y Sergio Uñac (San Juan), por tomar algunos ejemplos.
Tanto el proyecto del Poder Ejecutivo como el alternativo de
la UCR busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir
la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente
están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
Justamente el proyecto del Gobierno introduce una precisión
al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a
distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de
recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha
finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio
periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas
formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los
glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas
por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de
agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener
suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la
regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.
Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición
para el desarrollo de actividades económicas en glaciares, pero se abre una
puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una
función hídrica fehaciente.
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya
confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la
coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad
de aplicación.
A través del inventario, el organismo técnico tendrá la
función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio
nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen
con la función hídrica de las que no.
Entre las actividades prohibidas, es decir,
aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor
hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias
contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o
infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y
actividades industriales.
En cambio, las actividades permitidas son
las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la
práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.
La principal diferencia entre el proyecto del Gobierno y el
de la UCR es que el primero le transfiere a las provincias la facultad
de determinar qué áreas proteger (por constituir reservas estratégicas
de recursos hídricos, biodiversidad o valor científico) y cuáles no, y están
facultadas para proponer modificaciones en el Inventario Nacional de Glaciares
(previo informe de evaluación ambiental); mientras que la iniciativa de la UCR
le da poder total al IANIGLA.
La postura del Gobierno a favor de darle facultades de
control y regulación a las provincias de los minerales y hidrocarburíferos se
funda en el artículo 124 de la Constitución Nacional incorporada en la reforma
de 1994 que les reconoce el dominio originario a las jurisdicciones de los
recursos naturales debajo del suelo.
Si la iniciativa es defendida enérgicamente por las
provincias mineras e hidrocarburíferas de la cordillera, con la misma
intensidad concita rechazos acérrimos de parte de asambleas ambientalistas y
también de la Iglesia, que hizo saber su descontento con el avance del proyecto
a través de una carta de la Comisión Episcopal Argentina.
Los sectores que cierran filas en contra del proyecto
alertan que la protección de glaciares y zonas periglaciares, pilares
estratégicos para la provisión de agua dulce para el consumo humano, la
agricultura sustentable y la biodiversidad, no debe ser negociada frente a intereses
corporativos sectoriales de corto plazo.__IP__
Estas organizaciones movilizadas en todo el país denuncian
que la reforma a la Ley de Glaciares es una “regresión ambiental
inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú al
cual Argentina adhirió; y defienden la actual norma porque establece un piso de
protección de esos ecosistemas particulares. #AgenciaNA
Fuente:noticiasargentina.com
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