La doctora Cecilia Canevari, investigadora del INDES e integrante del Grupo Géneros, Política y Derechos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, señaló que cada caso “es un golpe, una batalla perdida en el intento de construir relaciones más justas entre las personas”.
Tras un febrero marcado por
reiterados femicidios en Santiago del Estero, desde el ámbito académico
advierten que las muertes son apenas la expresión más extrema de una trama
profunda de violencias estructurales que no logra revertirse.
La doctora Cecilia Canevari,
investigadora del INDES e integrante del Grupo Géneros, Política y Derechos de
la Universidad Nacional de Santiago del Estero, señaló que cada caso “es un
golpe, una batalla perdida en el intento de construir relaciones más justas
entre las personas”, y subrayó que las muertes recientes deben leerse dentro de
un fenómeno sostenido en el tiempo.
En diálogo con medios de la
universidad, Canevari recordó que, según los relevamientos que el equipo viene
realizando desde hace más de una década, Santiago del Estero registra
históricamente una de las tasas más altas de femicidios del país en relación
con su población femenina. “La tasa no es sólo un número: habla de la
proporción de mujeres asesinadas en relación con las que habitan la provincia.
Es una vergüenza nacional”, afirmó.
Para la investigadora, el
femicidio es “la punta de un iceberg”. La muerte es el momento visible, pero
debajo existen múltiples formas de violencia previas: física, psicológica,
económica y simbólica. En la mayoría de los casos, los agresores son parejas o
exparejas, muchas veces padres de los hijos de las víctimas.
Canevari marcó una diferencia
clave respecto de otras muertes violentas: “Aquí hay una desigualdad
estructural de poder y de fuerza. No son peleas entre pares; son relaciones
atravesadas por mandatos de masculinidad que legitiman el control y la
violencia”.
También advirtió sobre intentos
de femicidio y agresiones graves que no siempre ocupan el mismo espacio en la
agenda pública, pero que evidencian la persistencia del problema.
En relación con la percepción de
que muchos casos ocurren en el interior provincial, explicó que el número de
femicidios en zonas rurales es proporcional a la población que vive en esos
territorios. Sin embargo, advirtió que el contexto rural presenta mayores
obstáculos para la prevención y el acceso a la justicia.
“En pueblos pequeños hay
proximidad entre agresores; las mujeres encuentran más dificultades para
denunciar. A eso se suman las distancias y la falta de recursos”, sostuvo.
EL ROL DE LA UNIVERSIDAD
Desde la UNSE, indicó, existen
espacios académicos que abordan la perspectiva de género en distintas carreras,
aunque consideró necesario profundizar y ampliar estos contenidos. “Las aulas
son espacios privilegiados para reflexionar sobre las violencias y desmontar
estructuras patriarcales muy arraigadas”, expresó.
Para Canevari, uno de los mayores
desafíos es generar instancias de reflexión dirigidas a los varones: “Mientras
no se revisen los mandatos de masculinidad que impulsan respuestas violentas
ante la frustración o la pérdida de control, el problema persistirá”.
Finalmente, convocó a sostener la
participación social y las manifestaciones públicas como forma de visibilizar
la problemática y exigir decisiones políticas acordes a su gravedad. “Es
necesario dar un mensaje claro a la comunidad y a las autoridades: estas
violencias requieren compromiso, presupuesto y políticas sostenidas en el
tiempo”, concluyó.
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