Ley de Glaciares: investigador de la UNSE alertó sobre riesgos para el agua y la producción en Santiago

El docente e investigador, Raúl Esteban Ithuralde, alertó por las posibles consecuencias ambientales y socioeconómicas para provincias como Santiago del Estero, luego de exponer sobre la importancia estratégica de proteger las nacientes de los ríos.

27/03/2026

Tras su participación en la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir modificaciones a la Ley de Glaciares, el docente e investigador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Raúl Esteban Ithuralde, alertó por las posibles consecuencias ambientales y socioeconómicas para provincias como Santiago del Estero, luego de exponer sobre la importancia estratégica de proteger las nacientes de los ríos.

Ithuralde, quien integra el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes) y coordina el grupo “Educación, Ambiente, Hábitats y Territorios”, remarcó en diálogo con Radio Universidad que su participación se dio en un contexto “preocupante”, marcado por cuestionamientos al proceso. 

Durante su exposición, el investigador sostuvo la necesidad de mantener y fortalecer las protecciones sobre las regiones glaciares y periglaciares, pese a que ocupan una porción reducida del territorio. “Se trata de menos del 1,5% de la superficie de la cordillera y precordillera, pero son zonas críticas porque allí nacen los ríos”, indicó.

IMPACTO EN SANTIAGO

En ese sentido, enfatizó el impacto directo que podría tener una flexibilización de la normativa en Santiago del Estero. “Más del 55% de la población vive cerca del río Dulce y depende de ese recurso. En una provincia con escasas lluvias durante gran parte del año, no hay otra fuente de agua disponible”, explicó.

Ithuralde detalló que las zonas periglaciares ubicadas en Catamarca, Tucumán y Salta alimentan la cuenca Salí-Dulce, cuyo recorrido incluye el embalse de Río Hondo y atraviesa gran parte del territorio santiagueño. “Cualquier contaminación en la cuenca alta se traslada aguas abajo, afectando a miles de personas y actividades productivas”, advirtió.

El investigador también puso el foco en el impacto económico: “Santiago del Estero cuenta con más de 290.000 hectáreas bajo riego. La producción hortícola, ganadera y agroindustrial depende directamente de la calidad del agua, al igual que el turismo en zonas como Termas de Río Hondo”.

En relación con la actividad minera, aclaró que la Ley de Glaciares no prohíbe la explotación en general, sino que establece restricciones en áreas sensibles. “El problema es permitir actividades en nacientes de ríos. En explotaciones a cielo abierto, por ejemplo, se liberan partículas que pueden contaminar las cuencas, y cualquier incidente puede tener efectos a lo largo de cientos de kilómetros”, explicó.

Sobre el desarrollo de la audiencia, Ithuralde señaló que la mayoría de las exposiciones se manifestaron en contra de las modificaciones, provenientes de sectores académicos, productivos y sociales. Sin embargo, cuestionó la actitud de algunos legisladores: “Hubo falta de disposición a escuchar argumentos técnicos e incluso situaciones de falta de respeto hacia los expositores”.

Finalmente, expresó escepticismo respecto del impacto real de las audiencias en el proceso legislativo. “No parece haber voluntad de incorporar esta participación ciudadana, pese a tratarse de un hecho casi sin precedentes por la cantidad de personas interesadas en debatir sobre un recurso vital como el agua”, concluyó.